Tras su aprobación en primera lectura, el proyecto deberá ser conocido en una segunda discusión en la Cámara Baja antes de pasar al Senado para su eventual aprobación definitiva.
Santo Domingo. – La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el Proyecto de Ley de Alimentación y Nutrición Escolar, una iniciativa respaldada por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), que busca prohibir de manera estricta la venta y promoción de productos azucarados, ultraprocesados y con alto contenido de sodio en escuelas públicas y colegios privados del país.
La propuesta legislativa establece que la restricción aplicará tanto dentro de las cafeterías escolares como a vendedores particulares ubicados en un radio de 500 metros alrededor de los centros educativos, con el objetivo de promover hábitos alimenticios más saludables entre los estudiantes.
El proyecto, presentado por la diputada Soraya Suárez, contempla además la implementación obligatoria de un menú nutritivo y balanceado en los planteles educativos, supervisado por comités escolares de alimentación.
La pieza legislativa también dispone que todo el personal involucrado en el procesamiento y manejo de alimentos reciba capacitación continua bajo la supervisión directa del INABIE, como parte de las medidas para garantizar la calidad y seguridad alimentaria en las escuelas.
Asimismo, la normativa ordena la instalación de servicios de agua potable en los recintos educativos y promueve la creación de huertos escolares pedagógicos para fomentar la educación nutricional práctica y el consumo responsable.
En cuanto al régimen de sanciones, el proyecto establece la destitución y sometimiento a la justicia de funcionarios que malversen fondos destinados al desayuno o almuerzo escolar, así como la revocación de contratos a suplidores que incumplan los estándares de calidad establecidos.
La iniciativa también contempla consecuencias penales para directores de centros educativos que intervengan de manera fraudulenta en la selección de proveedores de alimentos escolares.
De igual forma, los proveedores que obtengan contratos utilizando información confidencial de los procesos de adjudicación podrán perder automáticamente sus contratos y enfrentar sanciones administrativas.
