El caso continúa bajo investigación por parte del Ministerio Público, que no descarta nuevas imputaciones y medidas de coerción contra otros implicados.
Santo Domingo. – El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) presentó una querella penal contra la empresa Dekolor SRL, a la que acusa de participar en un presunto esquema de soborno, falsedad documental y lavado de activos relacionado con la licitación del sistema de semaforización inteligente del Gran Santo Domingo.
La acción legal fue depositada ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) como parte de las investigaciones derivadas del denominado caso Transcore Latam, en el que ya han sido señalados exfuncionarios, empresarios y contratistas por irregularidades en la contratación pública.
Presunto esquema de corrupción
Según la querella, Dekolor SRL habría servido como empresa de respaldo para facilitar la adjudicación del contrato a Transcore Latam SRL, actuando como garante de una línea de crédito de 120 millones de pesos sin tener la solvencia ni el respaldo técnico requerido. Además, se le atribuye haber servido como parte de un entramado societario para movilizar fondos públicos mediante operaciones ficticias, violando las leyes contra el lavado de activos.
Las autoridades sostienen que esta red habría sido diseñada para manipular procesos de compras públicas, sustraer recursos del Estado y disfrazar los movimientos financieros mediante múltiples empresas fachada y prestanombres.
Exfuncionarios y otros implicados
La querella también menciona vínculos entre Dekolor SRL y otras personas físicas y jurídicas implicadas en el proceso. Entre ellas figura José Ángel “Jochy” Gómez Canaán, señalado previamente por el Ministerio Público como uno de los principales beneficiarios del contrato irregular. La investigación también incluye a exempleados del INTRANT que habrían facilitado el proceso de licitación, entre ellos Pedro Padovani Báez y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda.
Acción institucional
El INTRANT busca, con esta acción legal, que los responsables respondan penalmente por los hechos y que se recuperen los recursos comprometidos en el contrato. La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ya había determinado en un informe oficial que el proceso estuvo plagado de irregularidades, recomendando su anulación y remisión a los órganos judiciales.
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