No vamos a renunciar a nuestro rol constitucional. Seguiremos insistiendo en la necesidad de una fiscalización responsable y de un gobierno que rinda cuentas”, concluyeron.
Santo Domingo, R.D. – Legisladores del partido Fuerza del Pueblo (FP) denunciaron este lunes lo que calificaron como una “feroz injerencia” del Poder Ejecutivo sobre las funciones del Congreso Nacional, acusando al gobierno de obstaculizar su labor fiscalizadora y de crear un ambiente de persecución política.
Durante una rueda de prensa, el bloque de diputados de la FP aseguró que el presidente Luis Abinader ha desacreditado públicamente proyectos de ley presentados por la oposición, con el objetivo de menoscabar su legitimidad y limitar el control constitucional que deben ejercer sobre los fondos públicos y las políticas del Estado.
Hay una campaña deliberada para ridiculizar nuestras iniciativas y frenar cualquier intento de fiscalización. Esto es un ataque directo a la función del Congreso establecida en la Constitución”, expresó el diputado Félix Michell Rodríguez.
Los legisladores señalaron como ejemplo el rechazo a una resolución que buscaba citar al ministro de Hacienda, Jochy Vicente, para explicar el uso de los préstamos aprobados por el Congreso. A juicio de la FP, este rechazo evidencia una falta de voluntad política para rendir cuentas ante la ciudadanía.
El vocero del bloque, Rafael Castillo, fue enfático al afirmar que el país vive un “hostigamiento social” promovido por el gobierno a través de la implementación simultánea de una reforma constitucional y una reforma fiscal, sin consultas amplias ni participación de los sectores afectados.
El Ejecutivo pretende cambiar las reglas del juego a espaldas del pueblo, usando su mayoría legislativa para imponer decisiones. Esto socava la democracia y el equilibrio entre poderes, sostuvo Castillo.
Exigen transparencia y respeto institucional
Los diputados exigieron que el Gobierno explique públicamente el destino de los recursos provenientes de préstamos internacionales, que superan los RD$350 mil millones, así como la administración de las reservas internacionales, que actualmente ascienden a US$15,058 millones, según cifras oficiales.
Además, demandaron que cesen los ataques a las funciones del Congreso y se promueva un clima de diálogo para discutir las reformas estructurales que requiere el país, sin imposiciones ni exclusiones.
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