Entretanto, Contrataciones Públicas trabaja en el diseño de un nuevo proceso de licitación que, según Pimentel, será “transparente, competitivo y conforme a la ley”.
Santo Domingo. – El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, calificó como un “entramado de corrupción” el sistema actual de expedición de licencias de conducir en la República Dominicana, centrando sus críticas en el contrato firmado entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la empresa Dekolor.
En declaraciones ofrecidas a medios de comunicación este martes, Pimentel aseguró que el proceso ha estado viciado desde 2019, año en que se suscribió el contrato inicial con la empresa encargada de imprimir las licencias. Afirmó que el negocio ha operado al margen de la legalidad y con la complicidad de autoridades pasadas y presentes del Intrant.
Este es un entramado de corrupción que no puede continuar financiándose con fondos públicos”, sentenció el funcionario, tras entregar un informe técnico de la Contraloría General de la República a la Procuraduría General.
Adendas irregulares y silencio institucional
De acuerdo con Pimentel, la investigación reveló que el contrato con Dekolor fue alterado a través de tres adendas firmadas entre 2020 y 2023, sin respaldo técnico ni justificación legal. Las modificaciones incluyeron aumentos de precios y la inclusión de servicios que no estaban contemplados en el contrato original.
Los documentos llevan la firma de los exdirectores del Intrant: Claudia Franchesca de los Santos, Rafael Arias y el actual incumbente, Hugo Beras. “Cada adenda muestra cómo se fue torciendo el proceso para favorecer intereses particulares”, subrayó el titular de Contrataciones.
Un negocio millonario en disputa
El contrato con Dekolor ha representado ingresos millonarios a lo largo de los años, pero según Pimentel, el esquema habría servido para beneficiar a una empresa que opera sin cumplir con los principios de transparencia ni libre competencia. Actualmente, la firma alega que el Estado le adeuda más de 700 millones de pesos, razón por la que asegura que no puede ser desplazada del proceso.
Pimentel rechazó esa posición y la calificó de "invención" destinada a obstaculizar una nueva licitación pública. “Lo que buscan es perpetuarse. Pero este sistema debe abrirse a la competencia y garantizar el uso correcto de los recursos del Estado”, sostuvo.
Camino a los tribunales
El caso ya está en manos del Ministerio Público, y se espera que en los próximos días se determinen responsabilidades penales. De confirmarse las irregularidades, varios exfuncionarios y directivos del Intrant podrían enfrentar procesos judiciales.
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