Las declaraciones fueron ofrecidas por Jorge Herasme durante su participación en Cátedra Jurídica, donde abordó distintos aspectos relacionados con la defensa jurídica del Estado, las reclamaciones ciudadanas y los desafíos de la Administración Pública.
SANTO DOMINGO.– Los reclamos relacionados con expropiaciones de terrenos, solicitudes de justiprecio y desvinculaciones de servidores públicos figuran entre las principales demandas que reciben los órganos de la Administración Pública, según reveló el Abogado General de la Administración Pública, Jorge Herasme.
Durante una entrevista en el programa “Cátedra Jurídica”, que conduce el doctor Manuel Conde, Herasme explicó que una parte importante de los procesos corresponde a ciudadanos que reclaman el pago justo por terrenos afectados por procesos de expropiación estatal.
“Lo más importante que demandan y que se les fije audiencia, porque tienen un procedimiento especializado por la Ley 344 del 43, es el justiprecio, demanda de justiprecio y expropiación”, explicó.
Precisó que estos casos abarcan tanto terrenos que cuentan con decretos expropiatorios como propiedades afectadas por declaraciones de áreas protegidas, situaciones en las que, según indicó, también se debate el alcance del derecho de propiedad.
“Ahí se discute otra cosa, que es la aniquilación o no del derecho de propiedad”, señaló Herasme.
Desvinculaciones también ocupan un lugar importante
El funcionario agregó que las desvinculaciones de empleados públicos constituyen otro de los temas que generan un volumen importante de reclamaciones contra la Administración Pública.
“También las desvinculaciones se llenan, tanto en la acción pública como en todas sus materias”, manifestó.
Herasme sostuvo que la actual administración del presidente Luis Abinader ha realizado esfuerzos para atender parte de estas obligaciones, particularmente en materia de justiprecio. Sin embargo, afirmó que todavía existen reclamaciones que se remontan a varias décadas.
Reclamos pendientes desde los Juegos Centroamericanos de 1974
Como ejemplo de la antigüedad de algunos de estos procesos, el Abogado General de la Administración Pública citó deudas relacionadas con obras de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1974, las cuales, según afirmó, todavía son objeto de litigios.
“En esta administración gubernamental se han empezado a pagar algunos que otros justiprecios, pero tú has visto litigios tanto en la Jurisdicción Inmobiliaria como en la Jurisdicción Administrativa, de obras. Oye, te puedo decir hasta de los Juegos Centroamericanos de 1974 que no se han pagado”, deploró.
Explicó que estos procesos pueden llegar a distintas jurisdicciones dependiendo de la naturaleza del reclamo, lo que evidencia la complejidad que enfrentan tanto el Estado como los ciudadanos para resolver determinadas obligaciones pendientes.
El reto de defender al Estado y garantizar los derechos ciudadanos
Durante la conversación, Herasme también abordó los desafíos que enfrenta la Abogacía General de la Administración Pública, institución encargada de representar y defender los intereses del Estado en los procesos judiciales y administrativos.
En ese contexto, destacó la importancia de que la defensa jurídica del Estado se desarrolle sin perder de vista los derechos de los ciudadanos que acuden ante la Administración Pública para reclamar el cumplimiento de obligaciones.
Asimismo, se refirió al papel que desempeña la justicia administrativa como mecanismo para que los ciudadanos puedan cuestionar actuaciones del Estado y reclamar cuando entiendan que sus derechos han sido afectados.
.
