Santo Domingo. La Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (CONFENAGRO) advirtió sobre el impacto que podría tener la derogación del Decret
Santo Domingo. La Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (CONFENAGRO) advirtió sobre el impacto que podría tener la derogación del Decreto 693-24 en la producción nacional de arroz y pidió al Gobierno explicar las medidas que implementará para proteger a los productores, el empleo rural y la seguridad alimentaria.
La organización solicitó aclarar si la decisión estuvo precedida por una recomendación del Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASSAN), como contemplaba el decreto derogado, y pidió hacer públicos los documentos que sustentaron la medida.
CONFENAGRO indicó que el sector arrocero agrupa alrededor de 30 mil productores y genera más de 300 mil empleos directos e indirectos. Advirtió que cualquier modificación en las condiciones de importación puede tener efectos sobre las fincas, factorías, cooperativas, transportistas y comunidades vinculadas a esta actividad.
La entidad también señaló que las diferencias entre República Dominicana y Estados Unidos en materia de escala productiva, tecnología, financiamiento y apoyo estatal deben ser consideradas para garantizar condiciones de competencia equitativas.
Ante este escenario, CONFENAGRO propuso convocar una mesa de trabajo con las organizaciones arroceras para analizar el alcance de la derogación y establecer medidas que permitan preservar la producción nacional y ofrecer reglas claras para las próximas cosechas.
Asimismo, planteó la necesidad de impulsar un programa de transformación del sector arrocero, a 22 años de la firma del DR-CAFTA, con metas, presupuesto y plazos verificables.
La propuesta incluye acciones de mecanización, riego eficiente, asistencia técnica, acceso oportuno al crédito y fortalecimiento de la comercialización, con especial atención a los pequeños y medianos productores.
CONFENAGRO reiteró su disposición al diálogo y sostuvo que el cumplimiento de los compromisos comerciales debe estar acompañado de políticas que permitan mantener la capacidad del país para producir sus propios alimentos.
