Mientras tanto, organizaciones de la sociedad civil y expertos en derecho constitucional han llamado a que este tipo de desencuentros se manejen en el marco del respeto institucional, evitando interpretaciones erróneas que puedan generar desconfianza en los ciudadanos sobre el manejo de áreas sensibles como el Registro Civil.
Santo Domingo. – El Ministerio de Interior y Policía (MIP) aclaró este jueves que no ha firmado ningún acuerdo ni ha asumido funciones que estén relacionadas con las atribuciones exclusivas del Registro Civil, luego de que la Junta Central Electoral (JCE) emitiera un comunicado cuestionando reuniones del ministerio con notarios y representantes del sector legal.
La respuesta del MIP se produjo tras críticas públicas por parte de la JCE, las cuales advertían sobre posibles violaciones a las competencias constitucionales del órgano electoral, específicamente en lo concerniente al manejo del Registro Civil.
“El Ministerio de Interior y Policía no ha suscrito acuerdo alguno sobre funciones que corresponden a la Junta Central Electoral. Las reuniones que hemos sostenido con distintos sectores forman parte de nuestra agenda regular y no comprometen atribuciones que son exclusivas de otro poder u órgano del Estado”, expresó la institución en su comunicado oficial.
Contexto: reunión con notarios genera inquietud
La polémica surgió luego de que la viceministra de Seguridad Preventiva en Gobiernos Provinciales, Faride Raful, participara en una reunión con miembros del Colegio Dominicano de Notarios. En el encuentro se discutieron temas relacionados con la legalización de documentos, lo que generó interpretaciones sobre un posible intento del MIP de intervenir en funciones del Registro Civil.
La JCE, a través de un comunicado, fue categórica al afirmar que “ninguna institución del Poder Ejecutivo puede asumir ni coordinar atribuciones que son competencia constitucional exclusiva” de la Junta, como lo es el Registro Civil y la expedición de actas del estado civil.
Interior y Policía reafirma su rol institucional
El MIP insistió en que su labor es la de coordinar políticas públicas de seguridad, convivencia y gobernabilidad local, y que sus reuniones con actores del sistema legal y municipal no significan la transferencia ni delegación de funciones ajenas a su marco legal.
“Nos mantenemos respetuosos de la separación de poderes y de las atribuciones constitucionales de cada órgano del Estado. Nuestra actuación se limita estrictamente a las funciones conferidas por la ley”, agregó el ministerio.
Llamado a la institucionalidad
La tensión entre ambas entidades ha reabierto el debate sobre los límites de coordinación entre instituciones públicas y la necesidad de claridad jurídica al momento de diseñar o anunciar proyectos conjuntos.
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