Finalmente, De la Rosa Tiburcio exhortó a la PEPCA a actuar “con prontitud y transparencia” ante las pruebas depositadas, las cuales asegura demuestran falsificaciones e incumplimientos por parte de Mobility ID en un contrato valorado en 8,400 millones de pesos.
Santo Domingo.– La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) denunció ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) presuntas irregularidades en el proceso de licitación para la emisión de licencias de conducir realizado por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT).
El presidente de ADOCCO, Julio César De la Rosa Tiburcio, depositó una instancia ante la directora de la PEPCA, licenciada Mirna Ortiz, en la que solicita una investigación sobre el proceso, que —según afirmó— fue diseñado para favorecer al Consorcio Mobility ID, único oferente participante en la licitación.
De acuerdo con la denuncia, dicho consorcio está integrado por las mismas empresas que actualmente manejan la emisión de las libretas de pasaportes y de la nueva cédula de identidad y electoral, lo que, según ADOCCO, representa un riesgo para la seguridad nacional al concentrar toda la base de datos ciudadana en manos de un mismo grupo empresarial.
“Esto puede dar origen a que estas entidades privadas incluso puedan crear ciudadanos y habilitarlos para ejercer todos los derechos en el país”, advirtió De la Rosa Tiburcio.
Falsificación y exclusión de oferentes
ADOCCO asegura que el Consorcio Mobility ID habría falsificado documentos relacionados con la impresora láser CLM600, presentándose como fabricante del equipo, requisito exigido en el pliego de condiciones del INTRANT. Sin embargo, el análisis de la documentación habría demostrado que el consorcio no fabrica dichas impresoras.
La organización también acusa al director del INTRANT, ingeniero Milton Morrison, y al Comité de Compras y Contrataciones de haber hecho caso omiso a la impugnación presentada, además de adelantar la fecha de apertura del sobre B para beneficiar al consorcio denunciado.
Según ADOCCO, el proceso de licitación fue “dirigido” al establecer requisitos que imposibilitaron la participación de otras empresas, como la exigencia de una línea de crédito de 25 millones de dólares, condición que solo pudo cumplir el consorcio adjudicatario.
Violaciones legales y solicitud de investigación
La denuncia presentada por ADOCCO imputa a Morrison y a los representantes del Consorcio Mobility ID por presuntas violaciones a varios artículos del Código Penal dominicano, relacionados con la falsificación de documentos públicos, asociación de malhechores y soborno, además de disposiciones de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y la Ley 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión.
Asimismo, la organización anticorrupción recordó que diversas instituciones de la sociedad civil habían impugnado el contrato tanto ante el INTRANT como ante la Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCP), sin que hasta el momento se haya detenido el proceso.
Finalmente, De la Rosa Tiburcio exhortó a la PEPCA a actuar “con prontitud y transparencia” ante las pruebas depositadas, las cuales asegura demuestran falsificaciones e incumplimientos por parte de Mobility ID en un contrato valorado en 8,400 millones de pesos.
