Respaldan la limpieza de la presa, pero rechazan que camiones transiten por más de seis kilómetros del cauce del río.
Cambita-El Pueblecito, San Cristóbal. — El alcalde del distrito municipal de Cambita-Pueblecito, Javier Garabitos, junto a dirigentes comunitarios, presidentes de juntas de vecinos y autoridades locales, solicitó la acción directa del presidente de la República, Luis Abinader, ante la construcción de una carretera dentro del cauce de un río de la zona, una vía habilitada para el transporte de sedimentos extraídos de la presa de Valdesia, que según denunciaron está secando tramos del afluente, poniendo en peligro decenas de viviendas y amenazando las principales fuentes de agua del territorio.
Durante un recorrido de inspección por el área intervenida, Garabitos documentó los daños visibles en el cauce del río y advirtió que los trabajos de limpieza y extracción de sedimentos de la cola del embalse de la presa de Valdesia (Muchas Aguas), así como la forma en que se está realizando el transporte de esos materiales, están teniendo un impacto directo y severo sobre las comunidades cercanas.
“En mi calidad de alcalde, quiero hacerle un llamado al Presidente de la República para que venga él mismo y compruebe lo que está pasando en Cambita-El Pueblecito, donde han construido más de seis kilómetros de carretera dentro del cauce del río”, expresó Garabitos mientras señalaba los tramos intervenidos.
El alcalde fue enfático en aclarar que las comunidades no se oponen a la limpieza del embalse, pero sí rechazan la forma en que se está ejecutando el traslado de los materiales extraídos. “Aquí nadie está en contra de que se limpien los sedimentos de la presa. Lo que no podemos aceptar es que se destruya un río y se ponga en riesgo a todo un pueblo para habilitar una ruta de camiones”, sostuvo.
Durante el recorrido, Garabitos mostró viviendas ubicadas al borde del nuevo cauce improvisado y alertó sobre el peligro inminente que representa esta situación. “Están poniendo en peligro esas casas; desde que el río baje, se las va a llevar. No hay ningún tipo de protección. El río fue encajonado en una esquina solo para que los camiones pasen libremente”, denunció.
Según explicó, la carretera en construcción está siendo utilizada para el tránsito diario de camiones pesados que transportan sedimentos, entre ellos arena, extraídos de la presa. “Esta ruta alterna desemboca en terrenos donde ese material, será depositado para luego ser comercializado. Para beneficiarse unos pocos, están acabando con un pueblo entero. Aquí tenemos seis pozos que dependen del río”, advirtió.
Las denuncias fueron respaldadas por dirigentes comunitarios de distintas filiaciones políticas. Roque Lara, presidente de la Junta de Vecinos de La Guama y miembro del Partido Revolucionario Moderno (PRM), afirmó que la intervención ha provocado una depredación significativa. “Aquí se están tumbando árboles y haciendo una carretera por el río, poniendo en peligro muchas casas, como las del barrio Simón Bolívar”, señaló.
De igual manera se expresó José García de los Santos, presidente de la Unión de Juntas de Vecinos del distrito municipal, quien denunció que los trabajos se iniciaron sin informar a la población. “Esto comenzó el 21 de enero, mientras el pueblo celebraba el Día de la Virgen de la Altagracia. Vinieron a ocultas. Lo que están haciendo es totalmente ilegal. Nuestros pozos están a orillas del río y se están secando. Las evidencias están ahí”, sostuvo.
García de los Santos explicó que el paso de maquinaria pesada por el cauce ha alterado de manera visible el flujo del agua. “Ustedes pueden ver cómo el río tenía agua y cómo, después de pasar los tractores, se seca completamente. El daño es real y está ocurriendo ahora mismo”, afirmó.
La alcaldesa pedánea del barrio Simón Bolívar, Marcelina de Rosario, ofreció uno de los testimonios más dramáticos del recorrido. “Miren cómo quedaron esas casas, en peligro total. Si siguen explotando esto, se va el barrio entero. Entonces que nos maten mejor, porque las comunidades hay que respetarlas”, expresó visiblemente indignada.
“Nosotros estamos empoderados y no vamos a permitir que nadie venga a destruir nuestro barrio. Somos parte de este país y tenemos derechos. Yo soy una luchadora de mi comunidad y la voy a defender a uñas y dientes”, agregó.
Al recorrido de inspección se sumaron decenas de presidentes de juntas de vecinos, dirigentes comunitarios y representantes locales, quienes coincidieron en que el transporte de los sedimentos, tal como se tiene previsto actualmente, representa un riesgo ambiental, social y humano que requiere atención urgente del Gobierno central.
Las autoridades locales reiteraron su llamado al presidente Abinader para que ordene una revisión inmediata de los trabajos, se detenga la utilización del cauce del río como vía de transporte de arena y otros sedimentos, y se establezcan rutas alternativas que no comprometan la seguridad de las comunidades ni la sostenibilidad de las fuentes de agua.
