Las declaraciones de Antoliano Peralta ponen sobre la mesa un tema medular en el debate jurídico dominicano: la necesidad de una legislación penal moderna que respete la diferencia entre intención y negligencia, y aplique sanciones acordes con la responsabilidad real del acusado. En tiempos donde la justicia es observada con lupa, la proporcionalidad se convierte en una garantía clave para su credibilidad y legitimidad.
Santo Domingo, R.D. – El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, expresó este viernes que el sistema penal dominicano debe garantizar una clara diferenciación entre el homicidio doloso y el homicidio negligente, advirtiendo que ambos tipos penales no pueden ser sancionados con la misma severidad.
Durante un encuentro con medios de comunicación, Peralta explicó que la estructura penal debe respetar el principio de proporcionalidad de la pena, lo que implica que la intención con la que se comete un hecho debe ser determinante en la tipificación y sanción del delito.
No puede tener la misma consecuencia penal quien mata intencionalmente que quien, por una conducta descuidada o negligente, causa la muerte de otra persona. La ley debe reflejar esa diferencia”, puntualizó.
Una cuestión de justicia sustantiva
Peralta insistió en que el dolo —la voluntad de causar un daño— y la culpa o negligencia —la falta de precaución sin intención directa—, deben estar claramente definidos y separados en el marco jurídico. Sostuvo que un homicidio ocurrido por una conducta temeraria, como conducir en estado de embriaguez, si bien es grave, no puede ser tratado igual que un asesinato premeditado.
“El castigo debe guardar proporción con la conducta. De lo contrario, se incurre en una injusticia por exceso”, agregó.
En el contexto del Código Penal
El funcionario se refirió también al debate en torno a la reforma del Código Penal, que ha sido objeto de múltiples retrasos en el Congreso Nacional. A su juicio, una de las tareas pendientes de esa legislación es establecer con mayor claridad las diferencias entre las modalidades de homicidio y definir escalas de penas que respondan a criterios objetivos.
En la actualidad hay confusión y vacíos que afectan tanto a la administración de justicia como al principio de legalidad penal. La reforma debe solucionar eso con urgencia”, señaló.
Implicaciones prácticas
La postura de Peralta cobra relevancia en un contexto donde han surgido casos de muertes provocadas por accidentes de tránsito, en los que la determinación del tipo de homicidio —doloso o culposo— ha sido motivo de controversia en los tribunales.
Su llamado busca reforzar la idea de que una justicia efectiva no solo depende de la severidad de las penas, sino también de su justeza y racionalidad, especialmente cuando están en juego las libertades fundamentales de los ciudadanos.
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