El colapso del techo de la discoteca dejó 236 personas fallecidas y más de 100 heridas, convirtiéndose en una de las mayores tragedias registradas en establecimientos de entretenimiento en el país.
El proceso judicial contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat y la empresa Inversiones E y N S.R.L., acusados por el colapso del techo de la discoteca Jet Set Club, registró este miércoles un nuevo avance procesal.
El juez Amauris Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, declinó conocer la solicitud de resolución de peticiones presentada por los abogados de los imputados, Miguel Valerio y Ramón Emilio Núñez, tras explicar que su facultad de control de la investigación concluyó con el depósito de un acto conclusivo, es decir, la acusación formal del Ministerio Público.
Competencia pasa al tribunal apoderado
Martínez sostuvo que, conforme al artículo 66 del Código Procesal Penal, su función de supervisión cesa cuando la investigación entra en la fase conclusiva.
Por tal motivo, remitió la solicitud a la coordinación de los Juzgados de la Instrucción, la cual deberá enviarla al Primer Juzgado de la Instrucción, presidido por el juez Raymundo Mejía, tribunal que conocerá el juicio preliminar del caso.
El magistrado destacó que esta decisión sigue el mismo autoprecedente adoptado en situaciones similares, donde se determina que una audiencia no puede celebrarse si la competencia ya ha sido declinada hacia el tribunal apoderado del acto conclusivo.
La lectura íntegra de la decisión quedó fijada para el 28 de octubre a las 9:00 de la mañana, y la Secretaría fue instruida para notificarla a todas las partes.
Acusación del Ministerio Público
El expediente fue presentado por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, y por la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos.
El Ministerio Público acusa a los hermanos Espaillat de homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, delitos contemplados en los artículos 319 y 320 del Código Penal.
Según la acusación, los imputados incrementaron su responsabilidad al sobrecargar la estructura del techo con pesados equipos de climatización y tinacos de agua sin estudios técnicos que confirmaran su resistencia. Asimismo, habrían ignorado advertencias internas sobre el deterioro de la infraestructura, priorizando el ahorro por encima de la seguridad.
