CMD reporta reducción del 32 % en partos de haitianas en hospitales públicos dominicanos

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CMD reporta reducción del 32 % en partos de haitianas en hospitales públicos dominicanos

Disminuyen 32 % los partos de haitianas en hospitales tras nuevas políticas migratorias

Santo Domingo.– El Colegio Médico Dominicano (CMD) informó una disminución del 32 % en los partos de mujeres haitianas atendidos en hospitales públicos del país, como resultado de nuevas políticas migratorias implementadas por el Gobierno.

Según el gremio médico, esta baja responde a un protocolo que exige a los pacientes extranjeros presentar documentación legal, incluyendo identificación válida, carta de trabajo y prueba de residencia en el país para acceder a los servicios hospitalarios. De no cumplir con estos requisitos, se brinda atención médica de emergencia y posteriormente se procede a la repatriación correspondiente.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud Pública, durante el año 2024 se registraron 32,967 partos de madres haitianas, lo que representa un 36 % del total de 91,661 partos realizados en la red pública hospitalaria. Aunque en términos absolutos la cifra ha bajado, el porcentaje ha aumentado debido a la reducción de partos de madres dominicanas en hospitales, quienes optan cada vez más por clínicas privadas.

El ministro de Salud, Víctor Atallah, defendió las medidas argumentando que buscan “una administración más eficiente del presupuesto sanitario”, sin vulnerar los derechos fundamentales de los pacientes.

La situación ha generado debate a nivel político. El senador Omar Fernández expresó su preocupación ante el Senado, revelando que en octubre de 2024, en 63 hospitales del país se registraron más partos de haitianas que de dominicanas, calificando el fenómeno como “alarmante”.

En términos económicos, se estima que el Estado dominicano destinó alrededor de RD$1,068 millones a la atención de estos partos durante 2024, cifra que ha sido objeto de discusión en el ámbito de la política pública.

La reducción del 32 % es vista por algunos sectores como un paso hacia el control del uso del sistema de salud por parte de extranjeros sin estatus regular, mientras que otros advierten sobre los riesgos humanitarios y éticos de restringir el acceso a servicios médicos esenciales.

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