“El Ayuntamiento no tiene competencias legales para establecer este tipo de cobros. Es una medida arbitraria e inconstitucional”, manifestó un portavoz del CARD.
Santo Domingo Este – El alcalde de Santo Domingo Este, Dío Astacio, defendió públicamente la implementación de un carné municipal obligatorio para motoconchistas, cuyo costo ha sido fijado entre RD$1,000 y RD$1,300 anuales. La medida, que ha generado controversia entre transportistas, juristas y parte de la ciudadanía, fue presentada como una herramienta de seguridad y control, y no como un impuesto.
Durante una intervención en el programa televisivo El Show del Mediodía y en una posterior rueda de prensa desde el Palacio Nacional, Astacio aseguró que el documento busca identificar y proteger a los motoristas que trabajan de forma honesta, quienes —según sus palabras— representan el 98 % del total, pero a menudo son confundidos con delincuentes por no portar identificación oficial.
“Esto no es un impuesto, es una placa de la ciudad con la que buscamos evitar la incautación de motocicletas y mejorar la seguridad del municipio”, afirmó el edil.
El registro incluirá un carné con código QR, un chaleco numerado y una base de datos articulada con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la Policía Nacional. El objetivo, según explicó Astacio, es regularizar más de 168,000 motocicletas que circulan actualmente por las calles de Santo Domingo Este, muchas sin ningún tipo de registro formal.
Rechazo de sectores motoconchistas y advertencias legales
Pese a las justificaciones ofrecidas, decenas de motoconchistas han protestado en distintos puntos del municipio, alegando que el cobro representa una carga económica que afecta directamente sus ingresos diarios. Algunos han denunciado la retención de motocicletas por parte de las autoridades al no contar con el nuevo documento, lo que ha aumentado la tensión en sectores populares.
Además, juristas y representantes del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) han cuestionado la legalidad del cobro. Alegan que cualquier tipo de contribución por circulación vehicular corresponde exclusivamente a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y debe estar respaldada por una ley del Congreso.
Contexto y posibles consecuencias
La iniciativa municipal forma parte de una estrategia más amplia de ordenamiento territorial y seguridad vial en Santo Domingo Este. No obstante, el conflicto legal y el rechazo social podrían traducirse en desafíos judiciales o en la necesidad de modificar o suspender el programa si se demuestra que excede las atribuciones del gobierno local.
Hasta el momento, el Ayuntamiento no ha anunciado cambios en la medida, aunque el alcalde ha reiterado su disposición al diálogo.
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