Hasta el momento, el Gobierno no ha emitido una respuesta oficial a la denuncia.
Santo Domingo, R.D. – La Fuerza del Pueblo (FP) denunció este lunes que el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha comprometido más de RD$ 3,925 millones anuales en pensiones especiales mediante 318 decretos presidenciales emitidos entre 2021 y 2024, sin cumplir con los requisitos legales establecidos por la Ley 379-81 sobre Jubilaciones y Pensiones.
Durante una rueda de prensa encabezada por el titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la FP, Raúl Martínez, el partido opositor acusó al Ejecutivo de instrumentalizar el sistema de pensiones para beneficiar a 11,007 personas, muchas de ellas sin el tiempo de servicio, la edad reglamentaria o condición médica que la normativa vigente exige.
El gobierno ha otorgado estas pensiones especiales sin sustento legal alguno. La Ley 379-81 es clara: cualquier excepción a sus disposiciones debe contar con la aprobación del Congreso, y eso no ha ocurrido en estos casos”, afirmó Martínez.
Según la denuncia, algunos decretos de pensión incluyen menciones expresas de que los beneficiarios fueron propuestos por senadores o alcaldes del partido oficialista, lo que para la Fuerza del Pueblo evidencia uso político y clientelista de los recursos públicos.
Presupuesto superado
Martínez comparó el gasto en pensiones especiales con el presupuesto asignado a importantes instituciones y sectores nacionales en 2025. El monto asignado a estas pensiones supera el presupuesto total de:
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Ministerio de Trabajo (RD$ 3,023 millones)
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Ministerio de la Mujer (RD$ 1,254 millones)
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Cámara de Cuentas (RD$ 1,524 millones)
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Ministerio de la Juventud (RD$ 754 millones)
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Tribunal Constitucional (RD$ 1,900 millones)
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Defensor del Pueblo (RD$ 375 millones)
Incluso, señaló que el gasto supera lo destinado a programas sensibles como prevención del cáncer (RD$ 427 millones), lucha contra el VIH-SIDA (RD$ 1,737 millones), y la alfabetización primaria (RD$ 1,832 millones).
Reclamo de transparencia
La Fuerza del Pueblo exigió al Gobierno explicar los criterios usados para otorgar las pensiones y rendir cuentas ante la ciudadanía por lo que califican como un “desorden fiscal institucionalizado”.
No se puede hablar de transparencia cuando se utilizan los fondos públicos para recompensar lealtades políticas. Las pensiones deben ser un instrumento de justicia social, no de privilegios”, concluyó Martínez.
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