El tribunal acogió la calificación jurídica presentada por el Ministerio Público, que tipificó los hechos como homicidio voluntario haciendo uso de un arma blanca ilegal, en violación a los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

