El caso recibió la calificación jurídica provisional de robo agravado, tipificado en el artículo 379 del Código Penal dominicano, así como violación a los artículos 124, párrafo I, numeral 1, y 125-9, numeral 6, de la Ley General de Electricidad Núm 125-01, modificada por la Ley 186-07, que sancionan el atentado al sistema eléctrico nacional.
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Tras evaluar las evidencias aportadas por el Ministerio Público, un tribunal le impuso medidas de coerción a un hombre imputado de destruir y sustraer piezas de una torre de transmisión eléctrica de alta tensión perteneciente a la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED).
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Puerto Plata le impuso al imputado Yuniol Rafael Polanco Mercado una garantía económica de RD$50 mil, presentación periódica e impedimento de salida del país.
De acuerdo con la investigación, realizada por la fiscal Rosalía Vargas, el hecho ocurrió el pasado 22 de junio de 2025, cuando los servicios de vigilancia de la ETED detectaron movimientos sospechosos en la torre número 89 de la línea 138Kv, tramo Puerto Plata I – Playa Dorada – Río San Juan, ubicada en la zona Muñoz de esta ciudad.
Al llegar al lugar, personal de seguridad militar constató la presencia de una retroexcavadora y otros equipos realizando una ampliación de camino, observando que la torre había sido derribada y que sus piezas y componentes, incluyendo angulares, tornillos y elementos estructurales habían sido sustraídos.
El imputado alegó ser propietario de los terrenos, sin embargo, la investigación determinó que dichos componentes fueron retirados mediante el uso de herramientas y técnicas especializadas, lo que evidencia la planificación y concertación para la comisión del hecho.
La torre formaba parte de una obra declarada de utilidad pública mediante los decretos del Poder Ejecutivo 106-19 y 107-19, siendo parte esencial del sistema eléctrico nacional, y contaba con cableado de alta tensión e internet de fibra óptica para comunicaciones internacionales. Su destrucción constituye un atentado contra la seguridad nacional y contra bienes del Estado dominicano.
Los fiscales Jesús Ernesto Valenzuela y Rosalía Vargas representaron el Ministerio Público en la audiencia donde el juez Romaldy Marcelino Henríquez impuso las medidas de coerción.
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