Santo Domingo, R.D. – A más de dos meses de la tragedia que costó la vida a más de 230 personas, las investigaciones en torno al colapso del techo de
Santo Domingo, R.D. – A más de dos meses de la tragedia que costó la vida a más de 230 personas, las investigaciones en torno al colapso del techo de la icónica discoteca Jet Set revelan que el establecimiento operaba al margen de la legalidad, sin los permisos requeridos por diversas instituciones del Estado dominicano.
Según confirmaron fuentes del Ministerio Público, Jet Set no contaba con autorizaciones vigentes del Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN), del Ministerio de Medio Ambiente, del Ministerio de Obras Públicas ni del Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED). La única documentación registrada data de 1970, cuando el local operaba como el cine El Portal, antes de convertirse en centro nocturno.
A pesar de haber sido sometido a remodelaciones significativas en 1994 y posteriormente, no existen registros de solicitudes formales de uso de suelo, permisos de remodelación ni estudios de impacto ambiental. Las autoridades señalan que el establecimiento funcionaba "fuera del marco normativo vigente".
La tragedia, ocurrida el pasado 8 de abril, ha expuesto graves deficiencias en la supervisión de infraestructuras privadas en el país. El presidente Luis Abinader reconoció públicamente que República Dominicana carece de una institución dedicada exclusivamente a fiscalizar este tipo de edificaciones. Anunció además la preparación de un proyecto de ley para establecer mecanismos obligatorios de supervisión técnica en construcciones privadas.
En respuesta al desastre, se puso en marcha la Red de Fiscalización de Infraestructuras Públicas y Privadas, una iniciativa sin precedentes que busca prevenir incidentes similares en el futuro.
El caso Jet Set se ha convertido en símbolo de la urgencia por reformar el sistema de control urbano y reforzar el cumplimiento de normas de seguridad, en un país donde la permisividad ha demostrado ser letal.
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