Por José Ureña
Santo Domingo-. En medio de una de las peores crisis de movilidad urbana que vive la República Dominicana, resulta incomprensible —y francamente alarmante— que la Policía Nacional y la DIGESETT hayan emprendido una persecución sistemática contra trabajadores dominicanos que utilizan patinetas eléctricas como medio de transporte para llegar a tiempo a sus empleos, ahorrar dinero y escapar de los asfixiantes tapones que paralizan nuestras ciudades.
Este no es un tema menor ni anecdótico. Es un asunto que toca directamente la productividad nacional, el derecho al trabajo, la movilidad sostenible y la eficiencia del sector empresarial. Por ello, es urgente que entidades como la ANJE, el CONEP y el empresariado dominicano se pronuncien con claridad y responsabilidad frente a esta situación.
*Las patinetas eléctricas benefician directamente a las empresas*
Un empleado que llega temprano, menos estresado y con menor gasto en transporte es un empleado más productivo, más puntual y más comprometido. Las patinetas eléctricas reducen el ausentismo, mejoran la salud mental del trabajador y disminuyen retrasos causados por congestionamientos viales. Además, alivian la presión sobre los parqueos empresariales y reducen la huella de carbono, alineándose con estándares modernos de sostenibilidad corporativa.
Perseguir este medio de transporte es, en los hechos, atentar contra la eficiencia empresarial.
*El mundo avanza, ¿y nosotros retrocedemos?*
En países como España, Francia, Alemania, Países Bajos, Colombia y Chile, las patinetas eléctricas están reguladas e integradas al sistema de movilidad urbana. Estudios internacionales muestran que su uso mejora la productividad laboral, reduce el tiempo promedio de traslado y disminuye los niveles de estrés asociados al transporte.
Mientras el mundo avanza hacia soluciones inteligentes, en la República Dominicana se opta por incautar, amedrentar y criminalizar al trabajador que busca alternativas legítimas para sobrevivir en una economía cada vez más cara.
*Violaciones constitucionales y legales*
La incautación arbitraria de patinetas eléctricas vulnera principios fundamentales de la Constitución Dominicana, entre ellos:
El derecho al libre tránsito, que garantiza a toda persona desplazarse por el territorio nacional sin restricciones ilegales.
El derecho al trabajo, que protege los medios lícitos utilizados para acceder a un empleo.
El principio de legalidad, que impide a las autoridades actuar sin una base normativa clara y expresa.
Asimismo, la Ley de Tránsito establece que toda sanción debe estar debidamente tipificada, ser proporcional y respetar el debido proceso. En ningún punto se autoriza la confiscación discrecional de un medio de transporte personal que no sea expresamente ilegal ni represente un peligro comprobado.
*El problema no es la patineta*
Un comunicador afirmó recientemente que las patinetas eléctricas están siendo utilizadas para la distribución de sustancias prohibidas. Ese argumento es tan débil como peligroso. Si seguimos esa lógica, entonces habría que prohibir también las bicicletas, los patines, las motocicletas e incluso los vehículos privados, ya que algunos ciudadanos los han usado para actividades ilícitas.
El problema no es el medio de transporte, sino la conducta individual del infractor. Criminalizar una herramienta usada mayoritariamente por trabajadores honestos es una salida fácil que evade la verdadera labor de inteligencia y persecución del delito.
*Un llamado al empresariado dominicano*
El silencio del sector empresarial frente a esta situación es preocupante. Defender la movilidad de los trabajadores es defender la productividad, la competitividad y el desarrollo económico del país. ANJE, CONEP y las asociaciones empresariales tienen no solo la capacidad, sino la responsabilidad moral y económica de exigir reglas claras, modernas y justas.
Porque cuando se persigue al trabajador que busca llegar temprano y rendir mejor, no se está garantizando el orden ni la seguridad vial.
*No es Orden ni Seguridad Vial, es Saqueo Institucional.*
