Santo Domingo, RD. – La Procuraduría General de la República (PGR) puso en marcha este lunes la Operación Lobo, un amplio operativo anticorrupción con
Santo Domingo, RD. – La Procuraduría General de la República (PGR) puso en marcha este lunes la Operación Lobo, un amplio operativo anticorrupción con el que busca desmantelar una red delictiva dedicada a pagar sobornos para conseguir contratos millonarios de servicios de seguridad en instituciones estatales como SENASA, INAIPI, y las empresas distribuidoras de electricidad EdeNorte, EdeSur y EdeEste.
La operación fue encabezada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y contó con la participación de 26 fiscales y 189 agentes policiales.
Durante la jornada, se realizaron 15 allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y en Santiago, logrando el arresto de 14 personas hasta el momento. Las autoridades investigan la participación de funcionarios y empresarios que habrían manipulado procesos de licitación para beneficiar a empresas de seguridad privada a cambio de sobornos.
Instituciones afectadas
De acuerdo con el Ministerio Público, la estructura operaba desde hace varios años y logró infiltrarse en programas de seguridad y contratos licitados por instituciones clave del Gobierno, como:
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El Seguro Nacional de Salud (SENASA)
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El Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI)
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Las empresas distribuidoras de electricidad EdeNorte, EdeSur y EdeEste
La red ofrecía sobornos a funcionarios públicos para garantizar la adjudicación de contratos, incurriendo en violaciones graves a la Ley de Compras y Contrataciones y al régimen de función pública.
Denuncia y seguimiento
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que dirige Milagros Ortiz Bosch, y ha sido dirigida por la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso.
Las autoridades informaron que en las próximas horas presentarán medidas de coerción contra los implicados, quienes enfrentarán cargos por corrupción, lavado de activos, asociación de malhechores, y otras violaciones penales.
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