La investigación sobre el caso continúa bajo estricta reserva, mientras los implicados han sido identificados y están siendo procesados judicialmente.
República Dominicana – La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, ordenó este sábado la eliminación inmediata de todas las imágenes y videos que circulan en plataformas digitales relacionados con el caso de una presunta violación sexual grupal ocurrida en el municipio de Villa González, provincia de Santiago.
La magistrada condenó enérgicamente la difusión del material audiovisual, calificando su circulación como una forma de “revictimización” de la joven afectada. “Toda persona que comparta ese contenido se convierte en un violador digital”, advirtió Reynoso, quien señaló que el Ministerio Público no escatimará esfuerzos para identificar y someter a la justicia a quienes continúen propagando las imágenes.
La denuncia de la agresión, ocurrida esta semana, ha provocado una fuerte reacción social, especialmente luego de que fragmentos del hecho comenzaran a circular en redes sociales, generando indignación y preocupación sobre el manejo mediático de casos sensibles como este.
Reacciones institucionales
El Ministerio de la Mujer también se pronunció sobre el caso, haciendo un llamado urgente a los medios de comunicación y a los administradores de cuentas digitales a cesar la divulgación de cualquier material explícito. “Difundir imágenes o audios del caso constituye una forma directa de violencia y un atentado contra la dignidad de la víctima”, expresó la entidad en un comunicado oficial emitido el viernes.
Por su parte, la Policía Nacional reiteró que la divulgación del video es una acción reprochable y aseguró que ya se ha iniciado un proceso de persecución legal contra quienes han compartido el contenido. “Nuestra obligación no solo es investigar a los responsables del crimen, sino también proteger la integridad de la víctima y evitar su revictimización pública”, sostuvo la institución.
Consecuencias legales
De acuerdo con el Código Penal Dominicano y la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la difusión no autorizada de contenido íntimo o relacionado con hechos delictivos puede conllevar penas de prisión y sanciones económicas.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos y colectivos feministas también han manifestado su rechazo al uso morboso de imágenes que, lejos de informar, alimentan una narrativa de violencia y cosificación de la víctima.
Un llamado al respeto y la ética
Las autoridades insisten en que el enfoque mediático sobre casos de violencia sexual debe estar guiado por principios éticos, protegiendo siempre la identidad y el bienestar de las personas involucradas. “Este no es un espectáculo; es una tragedia que merece justicia y sensibilidad”, puntualizó la Procuradora Reynoso.
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