Santo Domingo. – La solicitud de medida de coerción contra el procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara volvió a quedar aplazada este viernes, luego
Santo Domingo. – La solicitud de medida de coerción contra el procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara volvió a quedar aplazada este viernes, luego de que su defensa recusara a la jueza Ysis Muñiz, presidenta de la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, alegando parcialidad en el conocimiento del proceso.
La recusación fue presentada por el abogado Albert Delgado, quien sostuvo que la magistrada participó en una de las diligencias de prueba, específicamente en la entrega controlada del dinero utilizado como evidencia dentro de la investigación.
Según explicó la defensa, ese contacto previo con el dinero, los videos y otros elementos probatorios comprometería la objetividad de la jueza para seguir al frente de la audiencia de coerción.
A raíz del incidente, la magistrada decidió aplazar sin fecha el conocimiento de la solicitud hasta que la recusación sea decidida por los jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal.
Con esta decisión, suman tres las ocasiones en que se pospone la audiencia para conocer la medida de coerción contra Valdez Alcántara, quien está imputado de recibir un soborno de US$10,000 de un testigo vinculado al caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa), denominado “Cobra”.
El Ministerio Público mantiene su pedimento de 12 meses de prisión preventiva y acusa al fiscal de presunta concusión, soborno, cohecho y lavado de activos, bajo el alegato de que utilizó su posición para gestionar pagos a cambio de alterar el curso de una investigación.
De acuerdo con el expediente, el imputado habría sostenido reuniones y conversaciones telefónicas con el testigo Roberto Antonio Canaán Acta, en las que supuestamente exigió dinero, un reloj Rolex y un vehículo Mercedes-Benz a cambio de favores procesales.
Mientras se decide la recusación, el caso permanece en pausa, aunque el Ministerio Público ha reiterado que la investigación sigue abierta y que continuará la búsqueda de nuevas evidencias relacionadas con posibles actos de corrupción dentro del sistema de justicia.
