“Una cárcel no puede ser una extensión de un cuartel ni una selva controlada por bandas. Debe ser un centro de rehabilitación, de justicia y de dignidad humana”, subrayó.
Santo Domingo, R.D. – El asesor honorífico del Poder Ejecutivo para la reforma penitenciaria, Roberto Santana, afirmó que trasladar el sistema penitenciario al Ministerio de Justicia es la vía más segura para garantizar estabilidad, profesionalización y transparencia en las cárceles del país.
Durante una reciente comparecencia, Santana denunció que sectores dentro de la Procuraduría General de la República (PGR) continúan operando como “mafias organizadas” que obstaculizan las transformaciones del sistema penitenciario. Según dijo, estas redes han manipulado recursos, saboteado la formación de personal y frenado los avances del Modelo de Gestión Penitenciaria desde 2016.
Mientras el sistema siga bajo la Procuraduría, continuará la corrupción, la improvisación y la contrarreforma. Solo una estructura civil, moderna y con controles públicos puede garantizar una gestión penitenciaria digna”, aseguró.
Santana propuso que el control total del sistema carcelario sea asumido por el Ministerio de Justicia, como ocurre en otros países de la región, o en su defecto, por una entidad autónoma especializada. Esta transición permitiría, según explicó, profesionalizar el personal, crear una estructura operativa basada en derechos humanos y eliminar prácticas heredadas de un modelo colapsado.
Nuevos centros, nuevos planes
El gobierno, a través de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (ONAPREP), que coordina Santana, contempla construir 52 nuevos centros penitenciarios entre 2024 y 2028. Al menos cuatro de ellos serán entregados este año, con capacidad para más de 4,000 internos. La meta es aliviar el hacinamiento y separar adecuadamente a los preventivos de los condenados.
Además, ya están en marcha cinco programas piloto enfocados en salud mental, vigilancia comunitaria, pasantías universitarias y limpieza de cuencas. Estos proyectos se integran a un plan de transformación integral con una duración de tres años, tras los cuales se espera que el sistema funcione de forma “normal y estable”.
Formación técnica y enfoque humano
Uno de los pilares de la reforma es el reemplazo de policías y militares por vigilantes técnicos penitenciarios formados profesionalmente. Santana lamentó que la Escuela Nacional Penitenciaria haya sido marginada en años recientes, pero aseguró que ya se trabaja para reactivarla y dotarla de los recursos necesarios.
Una reforma que necesita respaldo político
Santana concluyó su intervención haciendo un llamado al Poder Ejecutivo, al Congreso Nacional, al Poder Judicial y a la sociedad civil para respaldar de manera decidida la transformación del sistema penitenciario. “No es una tarea de un solo hombre ni de una oficina; es una responsabilidad institucional y moral del Estado”, dijo.
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