Analistas internacionales advierten que los bombardeos podrían detonar una nueva crisis de seguridad en Medio Oriente, con implicaciones económicas, diplomáticas y humanitarias a nivel global. Diversas potencias han llamado a la moderación y al diálogo inmediato para evitar una escalada mayor.
Washington, D.C. — El expresidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, confirmó este viernes que fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una serie de ataques aéreos dirigidos contra instalaciones nucleares estratégicas en Irán, en una operación conjunta con Israel. La ofensiva se ejecutó sobre los sitios de Fordow, Natanz e Isfahan, considerados pilares clave del programa nuclear iraní.
Según Trump, los bombardeos fueron realizados con aviones furtivos B-2 Spirit, equipados con bombas especiales diseñadas para penetrar estructuras subterráneas altamente fortificadas. En un mensaje difundido en sus redes sociales, el exmandatario aseguró que “la misión fue un éxito total” y que todas las aeronaves “retornaron sanas y salvas a su base”.
“La planta nuclear de Fordow ha sido alcanzada. El momento para la paz es ahora”, declaró Trump, sin ofrecer mayores detalles sobre los daños ocasionados ni sobre la participación directa del gobierno actual.
Los ataques representan una escalada sin precedentes en la ya tensa relación entre Washington y Teherán. Se trata de la primera vez que Estados Unidos lanza una operación militar directa contra objetivos nucleares iraníes dentro de su territorio.
En respuesta, Irán calificó el acto como una agresión militar flagrante y prometió represalias “a la altura de la provocación”. Las autoridades iraníes denunciaron la operación como una violación del derecho internacional y advirtieron de una “respuesta coordinada” con aliados regionales.
Mientras tanto, en el Congreso de EE.UU., la operación ha generado fuertes divisiones. Algunos legisladores republicanos aplaudieron la medida como una defensa de la seguridad global, mientras que miembros demócratas y parte del mismo Partido Republicano cuestionaron su legalidad, argumentando que no fue autorizada por el Congreso.
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