Edeeste reiteró su compromiso de actuar por las vías institucionales y legales correspondientes para proteger sus activos y contribuir a la reducción de acciones ilícitas que puedan impactar el sistema de distribución eléctrica y a las comunidades donde opera.
Imponen prisión preventiva a ciudadano por presunta sustracción de equipos eléctricos contra Eedeeste
La decisión fue adopstada tras la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público y la querella interpuesta por Edeeste.
San Pedro de Macorís. La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informó que la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, impuso dos meses de prisión preventiva a un ciudadano investigado por presunta vinculación con la sustracción de equipos eléctricos propiedad de la empresa.
La decisión fue adoptada mediante la Resolución Penal núm. 341-01-2026-00460, emitida el 14 de agosto de 2026, tras la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público y la querella interpuesta por Edeeste.
De acuerdo con la resolución judicial, el imputado Yafry Martínez, fue arrestado el pasado 11 de agosto en el sector La Barca, San Pedro de Macorís, durante labores de patrullaje de la Policía Nacional. Al momento de su detención le fue ocupada una mochila que contenía un contador eléctrico y cinco tapas para contadores, identificados como propiedad de Edeeste.
El tribunal señaló que estos elementos, conjuntamente con actas de denuncias, registro de personas y arresto por infracción flagrante, entre otras evidencias, constituían elementos de convicción suficientes para establecer razonablemente la posible vinculación del imputado con el hecho investigado.
En ese sentido, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente determinó que la medida idónea era la prisión preventiva, tomando en consideración los elementos presentados, así como los criterios de razonabilidad y proporcionalidad establecidos en la normativa procesal penal.
Edeeste destacó la importancia de la colaboración entre las instituciones responsables de garantizar la seguridad y el cumplimiento de las leyes para enfrentar la sustracción y comercialización ilegal de materiales y equipos vinculados al servicio eléctrico.
La empresa reiteró que continuará fortaleciendo las acciones de prevención, investigación y persecución de hechos que afecten sus activos y, consecuentemente, la calidad y continuidad del servicio que reciben sus clientes.
La resolución establece que la prisión preventiva tendrá una duración de dos meses, en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-11) de San Pedro de Macorís, y fija para el 14 de octubre de 2026 la revisión obligatoria de la medida. La decisión es susceptible de recurso de apelación dentro del plazo establecido por la legislación vigente.
