Como víctimas, querellantes y actoras civiles figuran las empresas Hilari Mayol, S.A.S.; Mayol & Co., S.R.L.; Grand Cays Corporation; y Okra Company LTD. Durante la lectura de la decisión estuvieron presentes representantes de las familias Mayol y Serrano, incluyendo a Juan Mayol Vicioso, Juan Francisco Mayol Cabrera y Ana María Jiménez Goris.
Santo Domingo, 20 de mayo de 2026. El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Rafael Olegario Helena Regalado, Ailec Paloma Soto Garabito y Judith Franchesca Aguasvivas Báez a seis, cuatro y tres años de prisión, respectivamente, tras declararlos culpables de asociación de malhechores y uso de documentos falsos para adquirir de manera fraudulenta la empresa Costa Dorada S.A., vinculada a más de 6.3 millones de metros cuadrados de terrenos costeros ubicados en Sabana Buey, provincia Peravia.
La decisión fue adoptada por el tribunal presidido por la jueza Claribel Nivar Arias e integrado por las magistradas Yissel Soto Peña y Clara Sobeida Castillo, al considerar probada la acusación más allá de toda duda razonable.
Los hechos fueron calificados conforme a los artículos 265, 266, 148 y 151 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de las empresas Hilari Mayol, S.A.S.; Mayol & Co., S.R.L.; Grand Cays Corporation; y Okra Company LTD.
El tribunal también condenó a los procesados al pago de las costas penales generadas durante el proceso, mientras que en el aspecto civil los jueces condenaron de manera conjunta y solidaria a los imputados y a la razón social Global Multi Business Corporation al pago de una indemnización de RD$100 millones a favor de las víctimas por los daños y perjuicios ocasionados.
El proceso judicial se extendió durante años y abarcó alrededor de 54 audiencias. Durante la lectura de la decisión, el tribunal recordó que escuchó las posiciones de todos los abogados involucrados y evaluó cada una de las incidencias planteadas por las partes. Los jueces señalaron además que en el proceso se produjeron frecuentes recusaciones a jueces de distintas instancias, algunas de las cuales derivaron en inhibiciones, en un contexto que el tribunal interpretó como señales orientadas a evadir el conocimiento del proceso.
En un apartado de la decisión, el tribunal también hizo referencia a episodios de irrespeto ocurridos durante las audiencias y recordó que en una ocasión fue necesario ordenar el arresto de Rafael Olegario Helena Regalado por inconducta en sala. Asimismo, los jueces señalaron que, pese a las incidencias procesales registradas durante el expediente, el tribunal actuó con la “tolerancia procesal” necesaria para garantizar el debido proceso y emitir una decisión objetiva sustentada exclusivamente en las pruebas debatidas en juicio.
Asimismo, el tribunal rechazó reconocer como víctima a Costa Dorada S.R.L., al considerar que dicha entidad fue producto de la falsificación denunciada en el expediente. La lectura íntegra de la sentencia fue fijada para el próximo 10 de junio a las 9:00 de la mañana.
Conclusiones del Ministerio Público y acusación privada
Durante la jornada del viernes previo, el abogado acusador privado Jorge López Hilario, en representación de las familias Mayol y Serrano, solicitó condenas de 20 años de prisión contra Rafael Olegario Helena Regalado y Ailec Paloma Soto Garabito, mientras que pidió 10 años contra Judith Franchesca Aguasvivas Báez de Soto.
Por su parte, el Ministerio Público, representado por Magaly Sánchez, coordinadora del Departamento de Investigación de Casos Complejos de la Fiscalía del Distrito Nacional, solicitó que se garantice la seguridad jurídica y la inversión privada, al tiempo de requerir que se aplique el Derecho con sanciones correspondientes a la gravedad del daño causado por Helena Regalado, Ailec Paloma Soto Garabito, y Judith Franchesca Aguasvivas Báez de Soto.
Tanto el Ministerio Público como la acusación privada solicitaron las sanciones correspondientes, explicándole al Tribunal la gravedad de los hechos cometidos por los imputados y la contundencia de las pruebas presentadas, haciendo énfasis en tres experticias caligráficas emitidas por el INASIF, demostrando la falsificación de documentos. Sostuvieron además ante el tribunal que las empresas vinculadas a las familias Mayol y Serrano mantuvieron activas sus obligaciones tributarias y societarias desde la constitución de Costa Dorada en 1976 y durante décadas posteriores, incluyendo registros fiscales y comerciales hasta 2012, antes de la transformación societaria denunciada.
Durante la audiencia celebrada este martes, cuando el tribunal dejó el fallo en estado de ser pronunciado para darlo a conocer este miércoles, el Ministerio Público y la acusación privada reiteraron que la alegada estructura fraudulenta utilizó documentos falsificados y actuaciones societarias irregulares para asumir el control de la empresa y de los terrenos vinculados a Costa Dorada.
Tribunal valida teoría de falsificación y transformación irregular de Costa Dorada
Durante la motivación de la sentencia, el tribunal sostuvo que quedó plenamente demostrado que en el caso se produjo una falsificación documental que derivó en la creación de una estructura societaria distinta a la originalmente existente.
Los jueces establecieron que la empresa legítima era Costa Dorada S.A. y que, aunque se encontraba en una “actuación pasiva” dentro del ámbito societario, esa condición no implicaba pérdida de derechos sobre el patrimonio inmobiliario ni autorizaba actuaciones de terceros sobre la compañía.
El tribunal señaló que los propietarios legítimos descubrieron la situación cuando acudieron a realizar diligencias ante la Cámara de Comercio y encontraron una realidad distinta a la que jurídicamente conocían: Costa Dorada S.A. había sido transformada en Costa Dorada S.R.L.
La sentencia indica que, aunque la legislación comercial ordenaba la adecuación de determinadas estructuras societarias, en este caso el proceso de transformación no fue encabezado por quienes tenían el derecho legítimo para hacerlo, sino por terceras personas desconocidas hasta entonces por las familias afectadas. “Lo que sí se determinó es que la empresa había sido ciertamente transformada en Costa Dorada S.R.L.”, expresó el tribunal durante la lectura del dispositivo motivado.
Los jueces cuestionaron además quién otorgó poderes para actuar en justicia a las personas involucradas en el proceso, tomando en cuenta que el gobierno societario original desapareció con la transformación cuestionada y que, conforme a las pruebas presentadas, no existía autorización legítima de los propietarios históricos de la compañía.
El expediente se originó a partir de acciones judiciales iniciadas en 2013 por las familias Mayol y Serrano, luego de descubrir presuntas maniobras fraudulentas destinadas a apropiarse de los terrenos pertenecientes a Costa Dorada mediante documentos falsificados y operaciones societarias irregulares.
Según la acusación, el fraude inmobiliario pudo ejecutarse mediante la falsificación de cientos de documentos y la utilización de una persona fallecida en el 2010, Luis Américo Minervino, quien figuraba realizando operaciones de transferencia de acciones años después de su muerte. Parte de esas acciones terminaron siendo adquiridas por la empresa Global MultiBusiness Corporation GMB C, S.R.L., en medio de la alegada estructura de falsificación documental denunciada en el proceso.
