El Congreso Nacional aprobó la modificación de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, una reforma que actualiza el
El Congreso Nacional aprobó la modificación de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, una reforma que actualiza el financiamiento del sistema de manejo de desechos e incorpora nuevas disposiciones para fortalecer la protección ambiental en la República Dominicana.
La iniciativa, propuesta por el senador Antonio Marte, recibió modificaciones en la Cámara de Diputados y posteriormente obtuvo la aprobación del Senado. Ahora solo resta la promulgación del presidente Luis Abinader para que entre en vigor.
Nuevas contribuciones para las empresas
Uno de los cambios más importantes de la ley es la actualización de la contribución especial obligatoria que realizarán las empresas privadas y las entidades gubernamentales al fideicomiso destinado a la gestión de los residuos sólidos.
Las empresas con ingresos de hasta RD$5 millones aportarán RD$5,000. Las que registren ingresos de hasta RD$10 millones pagarán RD$6,000, mientras que las de hasta RD$25 millones contribuirán con RD$20,000.
La escala continúa con aportes de RD$90,000 para empresas con ingresos de hasta RD$50 millones; RD$120,000 para las de hasta RD$80 millones; RD$150,000 para las de hasta RD$100 millones; y RD$400,000 para las que facturen hasta RD$300 millones.
Las compañías con ingresos de hasta RD$500 millones deberán aportar RD$500,000. Las que alcancen hasta RD$700 millones pagarán RD$675,000 y las de hasta RD$1,000 millones contribuirán con RD$750,000. Las empresas con ingresos de hasta RD$2,500 millones pagarán RD$1.7 millones. Aquellas que superen ese monto deberán aportar RD$2.2 millones.
Las empresas liquidarán estos montos cada año ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). La ley también permite realizar el pago en dos cuotas: un 50 % en junio y el restante 50 % en la fecha límite de cada ejercicio fiscal.
En el caso de las instituciones públicas, la Dirección General de Presupuesto (Digepres) asignará anualmente una partida equivalente al monto recaudado por la DGII durante el año fiscal anterior.
Cambios en la gestión de residuos
La legislación también establece que cada provincia solo podrá contar con un vertedero. Además, limita la instalación de plantas procesadoras a una por cada diez regiones ubicadas dentro de un radio de 70 kilómetros. La región Ozama queda exceptuada de esta disposición debido a su densidad poblacional.
Eliminación gradual del foam
La normativa impulsa la reducción progresiva del uso del poliestireno expandido (foam). Establece que estos productos deberán alcanzar un 20 % de biodegradabilidad durante el primer año y un 90 % en un plazo de cinco años.
Asimismo, prohíbe la importación de sorbetes, vasos, tenedores, cuchillos, cucharas y otros artículos elaborados con plástico o foam que no cuenten con certificación de biodegradabilidad. Esta medida entrará en vigencia seis meses después de la promulgación de la ley.
Conep expresa preocupación
Antes de la aprobación definitiva, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) manifestó su rechazo a varios aspectos de la reforma.
El gremio afirmó que la nueva legislación concentra mayores cargas económicas sobre las empresas, pese a que estas ya enfrentan un aumento en el Impuesto sobre la Renta. También advirtió que la acumulación de obligaciones tributarias y regulatorias podría afectar la competitividad del sector productivo y del país.
