La presidenta de ProCompetencia afirmó que la iniciativa busca fortalecer el marco legal antimonopolio y garantizar una economía basada en el mérito, la innovación y la eficiencia durante conferencia en la Unphu.
Santo Domingo.- El Anteproyecto de Ley Orgánica Antimonopolio y de Competencia Económica, que modifica la Ley núm. 42-08 sobre Defensa de la Competencia, representa un paso trascendental para la modernización del derecho de la competencia en la República Dominicana, cuya finalidad esencial es garantizar que el éxito económico responda al mérito, la innovación y la eficiencia, y no a privilegios o prácticas anticompetitivas.
Así lo afirmó la presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), María Elena Vásquez Taveras, al dictar la conferencia “La modernización del derecho de la competencia en la República Dominicana: hacia una nueva arquitectura de mercados libres y competitivos” en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu), a través de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas.
“El derecho de la competencia es, en esencia, el derecho de la igualdad de oportunidades. Es la expresión jurídica de una idea profundamente democrática: que el éxito económico debe ser consecuencia del mérito, la innovación y la eficiencia, y no del privilegio, la colusión o las barreras artificiales”, puntualizó.
Entre las principales reformas que contiene el anteproyecto en esta materia, Vásquez Taveras citó la incorporación del programa de clemencia, un mecanismo innovador mediante el cual las empresas que participen en un cártel pueden obtener una reducción o exención de la sanción a cambio de revelar el acuerdo ilícito y cooperar con la investigación.
Vásquez Taveras destacó que, con la incorporación del programa de clemencia, la República Dominicana estaría adoptando una de las herramientas más consolidadas del derecho de la competencia moderno.
Otra innovación que contiene el anteproyecto es la modernización del régimen de reparación de daños por infracciones a la competencia. Bajo la legislación vigente solo pueden reclamar indemnización quienes hayan participado activamente en el procedimiento administrativo seguido ante ProCompetencia. La nueva ley rompe con ese esquema, permitiendo que cualquier persona física o jurídica que haya sufrido daños como consecuencia de una conducta anticompetitiva pueda acudir a los tribunales ordinarios para reclamar su reparación.
“Este modelo, inspirado en las mejores prácticas internacionales, multiplica los incentivos para cumplir la ley, fortalece la reparación integral del daño y abre una nueva área de especialización para la práctica jurídica dominicana: el litigio privado en materia de competencia”, explicó.
El anteproyecto también contempla la transformación de la función de abogacía de la competencia. Para quienes ejercerán el derecho en los mercados regulados, como telecomunicaciones, energía, seguros y servicios financieros, esto tiene una implicación práctica directa, porque solo habrá un interlocutor para los asuntos de competencia.
“La modernización de nuestro sistema de defensa de la competencia no es simplemente una reforma legal. Es una apuesta por instituciones más sólidas, por mercados más abiertos y por una economía donde las oportunidades dependan del talento y no de las ventajas indebidas”, expresó.
Valora formación en Derecho de la Competencia
La presidenta de ProCompetencia valoró la incorporación del Derecho de la Competencia al pénsum de la carrera de Derecho de la Unphu, subrayando que ello significa que esta universidad continúa anticipándose a los desafíos del futuro y formando juristas capaces de comprender uno de los ámbitos más dinámicos y estratégicos del derecho y de las economías contemporáneas.
El director de la Escuela de Derecho de la Unphu, Ernesto Evertz Rodríguez, expresó que hablar de competencia es hablar de cómo se organiza la economía, de cómo se protege la innovación y de cómo se garantiza que los mercados funcionen en condiciones justas y transparentes.
Indicó que este es un tema que tiene un impacto directo en la vida de las personas, que exige reflexión, actualización y visión estratégica, y que llega en un momento clave en el que el país debate cómo fortalecer sus instituciones, cómo promover mercados más eficientes y cómo asegurar que la regulación acompañe los desafíos de un entorno económico cada vez más dinámico.
