La investigación sostiene que los empleados públicos habrían usado un vehículo de la Dirección General de Migración para mover a 22 haitianos sin papeles, luego de completar un traslado formal con otro grupo
La justicia de Montecristi dictó un año de prisión preventiva contra un agente migratorio y un chofer de la Dirección General de Migración (DGM) acusados de usar un camión oficial para trasladar a migrantes haitianos indocumentados a cambio de sobornos el 19 de junio, según la investigación del Ministerio Público en República Dominicana.
El expediente sostiene que, tras completar el traslado formal de 32 haitianos desde Puerto Plata hasta el Centro de Procesamiento Migratorio de Dajabón, Gustavo Adolfo G. V. y Joel Antonio C. R. regresaron por una ruta en la que no tenían autorización para llevar pasajeros y fueron sorprendidos con otros 22 indocumentados, entre ellos menores de edad, cuando volvían a Puerto Plata.
La medida fue impuesta por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de Montecristi. La jueza Javierca Gómez ordenó que ambos cumplan la coerción en la cárcel pública de esa provincia.
¿Cómo fue el operativo y la detención?
En la audiencia, la acusación estuvo a cargo de la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, junto con los fiscales Elizabeth Paredes Ramírez, Yoneivy Alfredo González Mueses y Ernesto Guzmán Alberto, quienes sostuvieron que los imputados no tenían arraigo suficiente para una medida distinta.
Según la investigación, Gustavo Adolfo y Joel Antonio estaban adscritos al Departamento de Interdicción Migratoria con asiento en Puerto Plata. Ese 19 de junio tenían la misión de conducir en un camión de la DGM a 31 hombres y una mujer haitianos desde el Centro de Interdicción Migratoria de Puerto Plata hasta Dajabón, desde donde serían deportados.
La pesquisa señala que, después de cumplir esa tarea, ambos siguieron operando el mismo vehículo oficial pese a que no estaban autorizados a abordar a ninguna persona en el trayecto de regreso. La detención ocurrió en flagrancia cuando transportaban a 22 ciudadanos haitianos indocumentados en dirección a Puerto Plata.
El camión, un Shacman blanco usado en interdicciones migratorias, llamó la atención porque circulaba cargado de migrantes en sentido contrario a la ruta hacia el centro de Dajabón, donde horas antes había dejado al primer grupo.
Cuando fueron interrogados en el control migratorio de Montecristi sobre lo que llevaban en el vehículo, respondieron que se trataba de nacionales haitianos. El expediente indica que ambos mostraron inquietud y nerviosismo, y que esa reacción llevó al registro del camión, donde las autoridades encontraron a los 22 ocupantes sentados en la parte trasera de carga.
La investigación también incorporó otra modalidad de captación. El expediente señala que en algunos casos los traslados se concertaban después de contactos por redes sociales o a través de agencias de viaje que ofrecían entrada al país u otros destinos sin cumplir requisitos legales.
Los delitos atribuidos por la fiscalía
Los empleados de la Dirección General de Migración, fueron señalados por la fiscalía como responsables de aprovechar su cargo y las herramientas asignadas por una institución pública para trasladar a personas en situación migratoria irregular a cambio de sobornos. Esa es la base de la imputación que sostiene la medida de coerción.
Uno de los puntos centrales del expediente es que los 22 extranjeros hallados en el camión no aparecían en los listados oficiales de interdicciones migratorias. Para la fiscalía, ese dato descarta que hubieran sido retenidos en un operativo regular antes de ser montados en el vehículo oficial.
El Ministerio Público de República Dominicana pidió prisión preventiva contra el inspector migratorio Carlos Javiel S. T., acusado de exigir un soborno de RD$100 mil (lo que sería un estimado de 1,684.70 dólares estadounidenses) a una mujer para facilitar su salida hacia el Reino de España por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana. La audiencia por la medida de coerción fue aplazada hasta el 2 de julio.
El imputado fue arrestado durante una entrega controlada de dinero autorizada por una jueza, según el comunicado difundido este 29 de junio de 2026 por el departamento de prensa del organismo. Fue sorprendido cuando se disponía a recibir el monto fuera de un establecimiento comercial.
