La propuesta busca no solo atenuar las pérdidas económicas de los productores, sino también asegurar el abastecimiento y la estabilidad en los precios para la población.
En el municipio de Constanza, en la provincia de La Vega, productores agrícolas enfrentan una de las crisis más graves de los últimos años. Las pérdidas económicas reportadas por agricultores de zanahoria, lechuga, repollo y apio han alcanzado cifras millonarias, lo que ha generado alarma entre quienes dependen de la actividad agrícola en esta región clave del centro de la República Dominicana.
De acuerdo con reportes recogidos por Climate Tracker Caribbean y documentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), las lluvias intensas sumado a las inundaciones han provocado que muchos agricultores deban desechar grandes volúmenes de sus cosechas.
Algunos productores han optado por desechar sus productos en el vertedero, argumentando que los altos costos de producción, frente a los bajos precios de comercialización, solo se traducen en pérdidas económicas.
La magnitud de la crisis actual tiene antecedentes en años recientes. En 2023, eventos climáticos similares ocasionaron daños en más de 63,000 hectáreas de cultivos en el país, con pérdidas valoradas en más de 4 mil millones de pesos dominicanos, según datos de la FAO. En La Vega, las lluvias de noviembre de ese año también afectaron invernaderos y parcelas de hortalizas, impactando la producción programada y la oferta estable de alimentos.
La región de La Vega, junto con provincias como Duarte, Montecristi y Sánchez Ramírez, representa el núcleo de la producción de arroz y hortalizas en República Dominicana. Para el ciclo 2025/2026, la producción nacional de arroz proyecta alcanzar 1,025 millones de toneladas métricas, con una parte significativa cultivada en esta zona. Las hortalizas, especialmente en Constanza y Tireo, forman parte fundamental de la canasta básica nacional.
El alcalde de Tireo, Paul Amín Piña Báez, manifestó a medios locales su preocupación por la situación. “El productor vende barato en finca, pero el consumidor sigue comprando caro. Hay un desequilibrio que está golpeando tanto al campo como a la población”, afirmó. Sus palabras reflejan el descontento ante una cadena de comercialización que no logra equilibrar los intereses de quienes producen y quienes compran los alimentos.
A la problemática de las pérdidas directas se suma el impacto en los precios. Las dificultades para abastecer los mercados y supermercados han derivado en aumentos para el consumidor final, mientras los productores reciben precios que no cubren sus costos.
Los agricultores sostienen que, a pesar de que los precios al consumidor se mantienen elevados, el bajo valor pagado en finca no permite cubrir las inversiones realizadas en semillas, fertilizantes y mano de obra.
Ante la falta de respuestas de las asociaciones, los agricultores han solicitado la intervención del Gobierno Central y el Ministerio de Agricultura. Reclaman la implementación de programas de compra directa a precios que permitan cubrir los costos de producción, garantizando que los alimentos lleguen a programas sociales y mercados populares.
El sentido de urgencia es compartido por quienes advierten que proteger la producción de Constanza y Tireo equivale a resguardar la seguridad alimentaria nacional. Como subraya un reporte de la FAO, el impacto de las pérdidas en estas zonas excede el ámbito local y afecta la oferta disponible para todo el país.
