Mientras tanto, la inestabilidad del servicio continúa afectando la competitividad económica del país y golpeando con mayor fuerza a la clase media y media baja, que carga con un costo que limita sus posibilidades de desarrollo.
Santo Domingo.– La creciente insatisfacción ciudadana con el sistema eléctrico de la República Dominicana ha vuelto a colocarse en el centro del debate nacional, tras una serie de apagones prolongados, facturaciones elevadas y fallas estructurales que han impactado la vida cotidiana, la economía familiar y el funcionamiento de servicios esenciales.
Más allá del malestar físico que generan las interrupciones del servicio, los apagones han tenido efectos directos en la salud mental, el rendimiento laboral y los procesos de aprendizaje, configurando un problema que atraviesa todos los ámbitos de la vida social y productiva del país.
Durante los últimos meses, diversos factores han profundizado la crisis energética: el aumento de las pérdidas técnicas y comerciales, el robo y fraude eléctrico, una red de transmisión vulnerable y una generación que ha mostrado dificultades para absorber fallas en puntos críticos del sistema.
Uno de los episodios más sensibles ocurrió durante el verano, específicamente en los meses de julio y agosto, cuando la Planta II de Punta Catalina salió del sistema debido a la presencia de sargazo en su sistema de abastecimiento de agua, provocando una mayor presión sobre la oferta energética. Posteriormente, en noviembre, el país experimentó un apagón nacional que dejó sin electricidad a amplios sectores durante varias horas.
Este último evento fue catalogado como el mayor blackout del año, con consecuencias inmediatas como congestión vehicular por la salida de servicio de los semáforos, paralización total del Metro y el Teleférico de Santo Domingo, afectación de servicios esenciales y extensas jornadas de espera para la reconexión del suministro en zonas urbanas y rurales.
Según informes de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), el apagón se originó a raíz de una avería en una línea de transmisión y fallas en una subestación ubicada en San Pedro de Macorís, lo que provocó una salida en cadena de generadores.
Estos episodios desencadenaron protestas en distintas ciudades del interior y sectores del Gran Santo Domingo, reflejo de un descontento que no se limita a las horas sin electricidad, sino que se acumula tras años de cortes intermitentes, tarifas elevadas y promesas de mejoras que no se han traducido en un servicio estable.
Facturas elevadas y denuncias ciudadanas
Las quejas por facturaciones desproporcionadas continúan siendo uno de los principales focos de molestia. Investigaciones periodísticas realizadas por Ángela Ramírez, presentadas en el espacio Bajo el Foco, revelan múltiples casos de usuarios que reportan aumentos significativos en sus recibos eléctricos sin cambios en sus hábitos de consumo.
Uno de los casos expuestos muestra a una usuaria de EDEESTE que pasó de pagar RD$1,500 mensuales en 2022 a recibir facturas de hasta RD$30,000, sin variaciones aparentes en su consumo eléctrico. Situaciones similares han sido denunciadas incluso en viviendas desocupadas.
Autoridades locales también han levantado la voz. El alcalde de Las Terrenas, Eduardo Esteban, advirtió que el deterioro del servicio eléctrico amenaza el desarrollo turístico y económico del municipio. En tanto, el senador por la provincia Duarte, Franklin Romero, reconoció que la problemática de los apagones “no se resuelve de un día para otro”.
Reconocimiento oficial y cifras preocupantes
El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, admitió públicamente que la demanda ha crecido por encima de la capacidad de generación, impulsada en gran medida por conexiones ilegales que sobrecargan transformadores y afectan a los usuarios regularizados.
Por su parte, el presidente del Consejo de Empresas Distribuidoras de Electricidad, Celso Marranzini, atribuyó las interrupciones del servicio a fallas de mantenimiento, averías técnicas, morosidad y fraudes.
De acuerdo con el Informe de Desempeño de las Empresas Eléctricas Estatales, entre enero y agosto de 2025 las pérdidas de Edenorte, Edesur y Edeeste alcanzaron un 38.5 %, superando en un punto porcentual las registradas en el mismo período de 2024. Las distribuidoras adquirieron energía por US$2,057 millones, pero solo lograron facturar US$1,368 millones, generando una brecha de US$689.4 millones.
Un problema sin solución inmediata
Aunque las autoridades aseguran que las tarifas básicas no han sido modificadas, reconocen que variables como el costo de compra de energía, combustibles, ajustes periódicos y recargos por mora inciden en el monto final de las facturas.
El panorama refleja un sistema eléctrico frágil, donde una sola falla puede desencadenar efectos en cadena. La crisis no es reciente ni de solución simple y requiere inversiones sostenidas, reformas profundas y voluntad política para enfrentar las distorsiones históricas del sector.
