Santo Domingo.– La regla que había puesto freno a la publicación de encuestas electorales fuera de la precampaña y la campaña quedó temporalmente en p
Santo Domingo.– La regla que había puesto freno a la publicación de encuestas electorales fuera de la precampaña y la campaña quedó temporalmente en pausa.
La Junta Central Electoral (JCE) decidió suspender la aplicación del artículo de su Reglamento de Encuestas que establecía esa prohibición, mientras la justicia determina si la medida se ajusta a la Constitución y las leyes.
El giro se produjo el 20 de agosto, cuando el Pleno de la JCE, por mayoría, resolvió no ejecutar por ahora la disposición que impedía divulgar sondeos de opinión con fines electorales fuera de los períodos establecidos por la legislación.
La decisión cambia el escenario para medios de comunicación, firmas encuestadoras, partidos políticos y otros actores que realizan o difunden estudios de opinión. Al quedar suspendido el artículo, también quedan provisionalmente sin aplicación las sanciones vinculadas específicamente con esa prohibición.
La historia comenzó el 22 de mayo, cuando la JCE aprobó su nuevo Reglamento de Encuestas. Entre sus disposiciones estableció que las encuestas electorales no podían publicarse fuera del período de precampaña, que comienza el primer domingo de julio del año anterior a las elecciones.
La restricción no se limitaba a los estudios destinados al público. También alcanzaba las encuestas realizadas para consumo interno de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, cuya divulgación o filtración podía generar sanciones.
Pero la norma encontró resistencia y terminó en los tribunales. Justicia Sin Fronteras impugnó el artículo ante el Tribunal Superior Electoral (TSE), que se declaró incompetente para conocer el fondo de la controversia al considerar que se trataba de una discusión de constitucionalidad que corresponde al Tribunal Constitucional.
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En medio de ese escenario, la propia JCE optó por congelar temporalmente la aplicación de la disposición.
La Junta argumentó que mantener vigente la prohibición mientras se decide la controversia podría provocar consecuencias difíciles de reparar y aumentar la incertidumbre jurídica. También advirtió sobre el impacto que una restricción de este tipo puede tener sobre las libertades de expresión y de información.
El organismo electoral, sin embargo, no eliminó las demás reglas del Reglamento de Encuestas. Las empresas encuestadoras deberán continuar cumpliendo con los requisitos de registro, habilitación, metodología, aspectos técnicos y demás obligaciones establecidas por la JCE.
Tampoco la decisión significa que la Junta haya declarado ilegal o inconstitucional la prohibición. Su aplicación queda suspendida de manera provisional hasta que las instancias jurisdiccionales competentes definan el alcance de sus facultades.
La decisión no fue unánime
El giro de la JCE tuvo dos votos en contra. Los miembros Hirayda Marcelle Fernández Guzmán y Rafael Armando Vallejo Santelises cuestionaron que el propio Pleno pudiera suspender administrativamente una disposición de su reglamento mientras su constitucionalidad es discutida ante otra jurisdicción.
Ambos plantearon que una modificación o suspensión de una norma reglamentaria debería producirse mediante el procedimiento correspondiente o a través de una decisión judicial.
Por ahora, el efecto inmediato es que la prohibición que había colocado las encuestas electorales fuera de la precampaña bajo amenaza de sanciones no será aplicada por la JCE.
La última palabra, sin embargo, todavía no está dicha. El debate se traslada ahora a los tribunales: ¿puede la JCE decidir cuándo una encuesta electoral puede hacerse pública o esa facultad encuentra límites en las libertades de expresión e información?
Mientras esa respuesta llega, las encuestas vuelven a tener espacio en el escenario político dominicano.
